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 Opinión Latina - Ecogeografía

LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA

Escribe Ramón Pichs Madruga 1

La tesis del Desarrollo Sostenible, que fuera presentada en el informe "Nuestro Futuro Común" de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo ha alcanzado gran difusión en los últimos años, a partir de considerar  que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

            Algunos estudios sobre este tema señalan que existen por lo menos dos vertientes que alimentaron el enfoque del "desarrollo sostenible"; de un lado, las  corrientes que, sobre todo a partir de comienzos de los años 70, han sometido a revisión el concepto de desarrollo económico y las políticas económicas prevalecientes y, de otro lado, el surgimiento de la crítica ambientalista al modo de vida contemporáneo. En el decenio de los años ochenta, tanto el agravamiento de los problemas ambientales globales como la agudización de los problemas socioeconómicos internacionales -particularmente la profunda crisis que afecta a los países subdesarrollados- aceleraron la confluencia de las dos vertientes antes mencionadas.

            La tesis del desarrollo sostenible: aspiraciones y realidades

            El concepto de desarrollo sostenible concibe al desarrollo como un proceso armónico, donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben estar a tono con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Así, se presenta al desarrollo como un proceso que requiere un progreso global tanto en materia económica y social, como en los órdenes  ambiental y humano.

A pesar de su rápida aceptación y difusión como expresión concentrada de un estilo de desarrollo más humano y equitativo, la versión original de esta tesis no está exenta de limitaciones. Ante todo se destaca el carácter ambiguo de esta tesis, lo que ha condicionado la aparición de múltiples definiciones del desarrollo sostenible, en función de los intereses de los actores y de las circunstancias concretas de cada caso. La ambigüedad de esta tesis se pone de manifiesto al identificar las disparidades socioeconómicas prevalecientes en el mundo actual, pero sin reconocer los mecanismos que han generado esa desigualdad. Incluso, en ocasiones, se ha calificado a esta tesis como una estrategia pensada desde el Norte industrializado y que, por lo tanto, no incorpora de forma integral los puntos de vista y prioridades del mundo subdesarrollado.

            Teniendo en cuenta esta limitación, se ha señalado, desde  la posición  de las naciones subdesarrolladas que el concepto de desarrollo sostenible debe considerar explícitamente que las necesidades del Norte sean cubiertas sin comprometer la satisfacción de las necesidades presentes y futuras del Sur.

            También se ha cuestionado el énfasis que hace la tesis del desarrollo sostenible en la equidad intergeneracional, en detrimento de la equidad intrageneracional. En este sentido, cabe señalar que para la mayoría de la población mundial, residente en el área subdesarrollada, resulta muy difícil pensar en la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones cuando sus requerimientos básicos del presente no están cubiertos. Además, muchas veces la tesis del desarrollo sostenible ha sido empleada como pretexto por algunos países desarrollados para justificar la adopción de medidas proteccionistas contra otros estados.

            Otra de las limitaciones de la tesis del desarrollo sostenible, en su versión original, es la sugerencia de que las mismas agencias internacionales, dominadas por los países industrializados y responsables en gran medida de las actividades que históricamente han erosionado al medio, podrían liderear la transición hacia un desarrollo armónico, equitativo y ambientalmente seguro.

            Adicionalmente, si se acepta el planteamiento de que "el concepto de desarrollo sostenible es visto cada vez más como la promesa de reconciliar la igualdad social, el crecimiento económico, las fuerzas del mercado y la conservación del medio ambiente, que abre un paso común para la unión de los intereses del Norte y del Sur", se comprenderá sin mucha dificultad no sólo  el aire de nueva utopía con que se le presenta, sino además el peligro que entraña para el futuro socioeconómico de los países subdesarrollados la idea de un "mercado verde", que legitime el derecho de los principales contaminadores a seguir deteriorando el entorno.

            En relación con este último aspecto, cabe señalar que la internacionalización del debate sobre medio ambiente y desarrollo ha coincidido en el tiempo con el auge del discurso y las prácticas neoliberales a nivel mundial, y particularmente en la región latinoamericana. Esta ola neoliberal, que pretende rescatar la filosofía del libre juego de las fuerzas del mercado, como fórmula infalible para corregir los desequilibrios económicos, ha  cobrado particular fuerza luego del derrumbe del campo socialista en Europa en 1989.   En estas condiciones, la idea del "mercado verde", o sea la aplicación de fórmulas neoliberales para resolver los problemas ambientales, también ha cobrado especial auge en los últimos años.

            Aunque la práctica internacional ha demostrado que la participación activa de los gobiernos en la preservación de los recursos naturales resulta insustituible, aquellos que promueven la idea del "mercado verde"  a ultranza minimizan el papel del estado en la esfera de la protección ambiental y soslayan la contradicción existente entre los intereses comerciales a corto plazo, que tienden a acelerar la depredación del medio, y la necesaria conservación de los recursos naturales, acorde con los intereses de la sociedad a más largo plazo.

            En este sentido, pudiera destacarse el impacto ambiental altamente nocivo de los programas de ajuste macroeconómico recomendados por el FMI a los países deudores. Estos programas de corte neoliberal no sólo tienen un alto costo ambiental directo, por la vía de la contracción de los presupuestos para fines ecológicos; sino que, además, contribuyen a agravar los desequilibrios sociales, en especial la pobreza. De esta forma también contribuyen indirectamente a la degradación del medio.

            Sobre la base del anterior análisis, cabe destacar que tanto para América Latina, en particular, como para el Tercer Mundo, en general, el diseño de esquemas viables de desarrollo sostenible debe tener en cuenta entre otros aspectos:

-un adecuado balance entre la necesidad de satisfacer las necesidades de la generación actual y las generaciones futuras;

-el reconocimiento de que la erradicación de la pobreza y la protección ambiental están estrechamente ligadas;

-la aceptación de que la protección ambiental y el desarrollo económico requieren soluciones globales, dado el carácter global e interrelacionado de los principales problemas ambientales, pero sin renunciar a la necesidad de fortalecer la identidad de cada país y su capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias propias de desarrollo socioeconómico sostenible;

-el requerimiento de que las estrategias nacionales de desarrollo deben asegurar la expansión productiva, la elevación de los niveles de vida de la mayoría de la población y la solución de los graves sociales, la corrección de los problemas ambientales del pasado y la prevención de un ulterior deterioro del medio;

-la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas endógenas, a los efectos de reducir la dependencia de las tecnologías importadas y dar solución a determinados problemas socioeconómicos y ambientales que sean propios de estos países, para los cuales no existan tecnologías disponibles que importar desde el exterior;

-la especial atención que debe brindarse a las posibilidades de fomentar la transferencia de tecnologías entre países subdesarrollados, así como a la colaboración Sur-Sur en materia de formación de personal calificado, ampliación de las capacidades de investigación y desarrollo, entre otras áreas; y

-el reconocimento de la participación activa que deben tener los gobiernos en el diseño y puesta en práctica de los proyectos de desarrollo sostenible.

            Los retos de la sustentabilidad para América Latina

            Una evaluación de la realidad latinoamericana más reciente, tomando como criterio los aspectos antes señalados en relación con los requerimientos de un desarrollo verdaderamente sostenible, permite hablar de la insustentabilidad del "estilo de desarrollo" que se ha adoptado en la región, y de la necesidad de una profunda reformulación de la estrategia de desarrollo, que considere los intereses de los sectores mayoritarios de la población latinoamericana.

            En general,  las políticas económicas aplicadas en la región en las últimas décadas, lejos de contribuir a repartir equitativamente los costos de la crisis y del ajuste entre los distintos sectores de la población, han provocado un deterioro aún mayor de la situación de los estratos más pobres. Este acelerado proceso de marginalidad y de transformación de la marginalidad en exclusión, calificado por algunos autores como un proceso de apartheid social, tiene implicaciones ambientales altamente nocivas.

            En efecto, l a pobreza ha sido identificada como una de las principales amenazas para un desarrollo ambientalmente seguro en América Latina. En este subcontinente más del 50% de la población es pobre y la mayoría (80%) de los pobres de la región viven en áreas ecológicamente vulnerables. De esta forma, a la insustentabilidad económica y social de la modalidad de desarrollo dominante a nivel regional, se suma la insustentabilidad ambiental, con lo que se cierra un círculo vicioso entre subdesarrollo, pobreza y deterioro ambiental.

            En términos del vínculo entre desarrollo y medio ambiente, vale recordar que América Latina cuenta, entre otras cosas, con el 8% de la población mundial, 23% de la tierra potencialmente arable, 31% del agua utilizable, 23% de los bosques,  40% de las especies animales y vegetales, 20% del potencial de generación de energía renovable bajo la forma de hidroelectricidad y una parte significativa de las reservas mundiales de minerales.

            Además, Latinoamérica registra una elevada dependencia de las actividades primarias y de los sectores de transformación y de servicios que utilizan recursos naturales. Durante los últimos años los productos básicos han representado alrededor del 65% de los ingresos por exportación latinoamericanos.  Entre los principales productos básicos que exporta la región se encuentran: petróleo y derivados, café, cobre, harina de semillas oleaginosas, mineral de hierro, soja, trigo, maíz, plátanos, azúcar, algodón, carne de ganado vacuno, moluscos, crustáceos, y otros productos del mar.

            En algunos casos, como ciertos productos del mar (anchoveta y atún), moluscos y crustáceos, se registran elevados niveles de sobreexplotación que amenazan la sustentabilidad de las producciones. En otros casos, la expansión artificial de  las producciones también tiene un alto costo ecológico, como sucede con la explotación en gran escala del camarón en criaderos. Frecuentemente se menciona el caso de Ecuador, que obtiene de este producto el 15% de sus ingresos en divisas, y ha sufrido una notable pérdida en la biodiversidad de los manglares utilizados como criaderos.

            Al deteriorarse el medio ambiente se afectan directamente las fuentes básicas de las transformaciones socioeconómicas de los países de la región: los recursos naturales. En estas condiciones, una reinserción de América en los mercados mundiales no debe basarse en un esfuerzo exportador y una promoción de inversiones extranjeras que descansen en la explotación a toda costa y la subvaloración del patrimonio natural de la región.  Según la CEPAL, América Latina ya entró en la etapa en que una explotación indiscriminada y abusiva de los recursos existentes significaría un freno para el desarrollo.

            Una parte significativa del deterioro ambiental y de la alteración de los ecosistemas en América Latina se explica por los efectos de la llamada "revolución verde", emprendida en el sector agrícola después de la Segunda Guerra Mundial, con una fuerte participación del capital transnacional. Además de la creciente artificialización de los ecosistemas, este proceso aceleró la emigración de campesinos hacia zonas urbanas, con implicaciones ambientales adversas.

            Desde comienzos de los años 80, a los efectos ecológicos negativos de la crisis se añadió el impacto sumamente nocivo de los programas de ajuste impuestos por las instituciones monetarias y financieras internacionales a los países deudores. Por un lado, el proceso de ajuste socioeconómico se ha traducido en un severo recorte de los presupuestos ambientales, con la consecuente reducción de las actividades fiscalizadoras; postergación, redimensionamiento o cancelación de obras con fines ambientales; reducción al mínimo de los estudios de impacto ambiental, etc. Adicionalmente, el esfuerzo exportador llevado a cabo por los países deudores bajo las condiciones del ajuste ha provocado una notable presión sobre ciertos productos de exportación, con un elevado costo ambiental.

            Por otro lado, en la medida en que los programas de ajuste han agudizado las condiciones de pobreza de las amplías mayorías de la población latinoamericana, también han contribuido, por esta vía, a reforzar el deterioro ecológico en la región.

            Entre los principales problemas ambientales que padece la región en la actualidad se hallan la erosión, salinización y reducción de la capacidad productiva de los suelos; la deforestación; pérdida de la diversidad biológica; la contaminación atmosférica, marina y de las vías fluviales; así como la contaminación provocada por desechos urbanos y residuos peligrosos.

            Con relación a la erosión de los suelos, resulta preocupante que en una región en que la mayoría de los países basan sus economías en la agricultura y en la agroindustria, unas 210 millones de hectáreas (10% del territorio regional) estén sometidas a procesos de erosión de moderada a muy grave. Este problema se explica, en gran medida, por el sistema de tenencia de la tierra imperante en la región, donde  el 10% de la población controla más del 90% de la tierra cultivable, lo que conduce  a la sobreexplotación de las áreas de cultivo, sobre todo por parte de los pequeños propietarios. En el caso de Brasil, por ejemplo,  la propiedad de la tierra exhibe uno de los más altos grados de concentración a nivel mundial; en efecto, 4,5% de los propietarios controlan el 81% de la tierra (sin considerar la Amazonía) y, en la pasada década, el 1,8% de las unidades productivas agropecuarias ocupaban el 60% del total de la tierra empleada con fines agrícolas en el país.

            Muchos de estos fenómenos, tales como la erosión y la reducción de la capacidad productiva de los suelos están estrechamente vinculados a la deforestación, y se han agudizado por la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas ecológicamente frágiles y por el sobreuso de la tierra.   En cuanto a la deforestación, América Latina y el Caribe posee el 57% de los bosques tropicales del mundo y muestra la segunda más alta tasa de deforestación (0,9%) del área subdesarrollada, después de Asia (1.2%). Desde 1960 se han deforestado unas 200 millones de  hectáreas de bosques en Latinoamérica; y en los años 80 el ritmo anual de deforestación ascendió a unos 10 millones de hectáreas anuales.

            Las áreas que presentan mayor grado de pérdida de bosques por este concepto son la Cuenca del Amazonas y Argentina, si se analizan las cifras absolutas, y ciertos países de Centroamérica y el Caribe (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Santa Lucía), si se revisan las afectaciones relativas a las dotaciones de bosques de cada país. La deforestación en estos países ha sido acelerada por diversas razones como: nuevas colonizaciones para fines agrícolas o pecuarios; la extracción de madera con propósitos comerciales; el empleo ineficiente de combustibles tradicionales de la biomasa como la leña y el carbón vegetal; la construcción de nuevas redes de carreteras; y los incentivos establecidos en ciertas políticas económicas que fomentan actividades nocivas para el medio ambiente.

            En lo referido a la diversidad biológica de América Latina, la región cuenta con la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, concentrada sobre todo en la zona del trópico. Una de las principales preocupaciones en este sentido es la creciente pérdida de especies, muchas de las cuales aún no han sido debidamente estudiadas. Según algunas estimaciones, sólo la flora latinoamericana está compuesta de unas 180 mil especies.

            En el espacio urbano, además del crecimiento de áreas marginales y de la contaminación hídrica, se destacan la contaminación atmosférica y la provocada por la basura y los residuos peligrosos. Las causas principales de la contaminación atmosférica, se asocian al rápido crecimiento del parque automotriz, el incremento de la actividad industrial, el aumento de la producción energética, entre otras. Algunas de las ciudades latinoamericanas que presentan índices más elevados de contaminación atmosférica son Ciudad de México, Sao Pablo y Santiago de Chile.

            En la Ciudad de México, por ejemplo,  a finales de los años 80 circulaban unos 2,8 millones de autos, que consumían el 80% de la gasolina que se comercializaba en esa urbe y sólo transportaban al 18% de los pasajeros de esa ciudad, lo que da una idea de los irracionales patrones de consumo de energía vigentes en muchos de estos grandes centros urbanos. Según algunos estimados, alrededor del 83% de la contaminación atmosférica que afecta a esa ciudad proviene de los vehículos motorizados.

            Una parte significativa de la contaminación atmosférica se atribuye al sector energético, que mantiene una elevada dependencia de la producción y consumo de combustibles fósiles, especialmente petróleo, y bajos niveles de eficiencia energética. En estos países no  se han llevado a cabo, de forma generalizada, políticas coherentes dirigidas al uso eficiente de los energéticos, debido fundamentalmente a las limitaciones financieras y tecnológicas que enfrenta la región.

            Entre 1972 y 1990 más del 90% del financiamiento energético proveniente de las agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo se destinó a proyectos de generación energética en gran escala y sólo un 1% a proyectos vinculados con el mejoramiento de la eficiencia energética. Según cálculos de comienzos de este decenio, la deuda externa del sector energético ascendía a unos 80 mil millones de dólares y la expansión-modernización de dicho sector requeriría unos 15 mil ó 20 mil millones de dólares anuales en inversiones.

            En este contexto, los sectores mayoritarios de la población rural y urbana de bajos ingresos no tienen acceso a los servicios energéticos básicos con la calidad requerida. La leña, cuya utilización ineficiente tiene efectos sumamente nocivos para la salud, la economía y el medio ambiente, continúa ocupando el primer lugar en la estructura del consumo energético residencial de América Latina, sobre todo en las áreas más pobres como Centroamérica.

            Aproximadamente, el 60% de la población de la región depende de la leña y el carbón vegetal como combustibles domésticos; y en general, los combustibles tradicionales de la biomasa aportan más del 40% de los requerimientos energéticos totales de los países más pobres del área como El Salvador (46%), Nicaragua (49%), Belice (55%), Guatemala (57%), Paraguay (59%), Honduras (62%) y Haití (82%), según datos de comienzos de esta década.

            Si bien los principales responsables de la contaminación atmosférica global son los países industrializados, los países subdesarrollados, incluidos los latinoamericanos y caribeños, podrían verse severamente afectados por las consecuencias derivadas de fenómenos tales como el "efecto de invernadero" o calentamiento global. Así, por ejemplo, los Estados insulares del Caribe y otros países de América Latina que tienen costas bajas  contarían entre los más perjudicados por las implicaciones del "efecto de invernadero", en lo relativo a la elevación previsible del nivel del mar en el próximo siglo y a la mayor probabilidad de que se produzcan huracanes, ciclones y tormentas tropicales, entre otros efectos negativos.

            De hecho,  ya han comenzado a sentirse algunas de estas consecuencias adversas; se especula que la seria afectación de los arrecifes coralinos conocida como "blanqueamiento de los corales" está asociada a la elevación de las temperaturas del océano provocadas por el calentamiento global.  Estos problemas ambientales están teniendo un elevado costo socioeconómico para los países de la región, particularmente en sectores estratégicos como el turismo, la pesca y la agricultura, entre otros.

            Entre los factores de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de muchos de los países latinoamericanos y caribeños se encuentran la propensión a los desastres naturales (fenómenos atmosféricos, inundaciones fluviales, terremotos, erupciones volcánicas, etc.) y la baja capacidad de respuesta de sus economías para recuperarse de estas situaciones.

            Acerca de la contaminación provocada por la basura y  los residuos peligrosos, resultan particularmente preocupantes, además de los problemas de manejo local de los desechos urbanos e industriales, los efectos del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos hacia la región,  máxime si se tiene en cuenta la carencia de sistemas de control y de evaluación de impactos derivados de este tráfico. Entre 1989 y 1994 se registraron 148 envíos de desechos peligrosos desde países desarrollados hacia países latinoamericanos y caribeños, muchas veces utilizando como argumento la utilización de los residuos como "materias primas" o "material reciclable" en los países de destino.              

            Sobre el vínculo entre población y medio ambiente, algunos autores consideran que América Latina ha entrado en una fase de "transición demográfica", dado que la tasa de crecimiento demográfico anual para la región se sitúa en torno al 1,7% en 1993-2000, frente a 2,3% en 1960-93. No obstante, la dinámica poblacional de la región continúa generando fuertes presiones en términos de requerimientos adicionales de alimentos, agua potable y recursos naturales. En los países industrializados, la tasa de crecimiento poblacional anual pasó de 0,8% en 1960-93 a 0,4% en 1993-2000; de tal forma que si se mantienen las tendencias actuales la población latinoamericana y caribeña se duplicaría en el año 2034, es decir, 129 años antes que en los países desarrollados.

            Ante las severas restricciones económicas y financieras que ha  enfrentado América Latina en las últimas décadas, las preocupaciones en relación con el financiamiento para el desarrollo sostenible ocupa un lugar central en la agenda socioeconómica regional.  Según cálculos preliminares de la CEPAL, los requerimientos de la región en este sentido son del orden de los 10 mil millones de dólares anuales; pero en la práctica los flujos de recursos para estos fines han sido extremadamente limitados.

            En efecto, de los 730 millones de dólares invertidos en proyectos del  Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility, GEF) entre 1991 y 1994 en países subdesarrollados, el 22% se dirigió a Latinoamérica y el Caribe. Si se mantiene esa proporción correspondiente a América Latina y el Caribe en la orientación geográfica de los fondos del GEF, durante la segunda fase de funcionamiento de este mecanismo financiero (1994-97), la región apenas recibiría unos 440 millones de dólares adicionales; cifra muy inferior a los requerimientos identificados.

            Una de las fórmulas ensayadas desde mediados de los años 80 para financiar ciertos proyectos de corte ambiental ha sido el "canje de deudas por naturaleza". La aplicación de este mecanismo también ha sido muy limitada, debido en gran medida a los peligros que entraña en términos de potencial inflacionario, posibles límites a la soberanía del país deudor, ausencia de una adecuada consideración de las prioridades socioeconómicas y ambientales de las naciones subdesarroladas, entre otras razones.

            Hasta comienzos de la presente década, se habían canjeado deudas latinoamericanas por un monto nominal de más de 90 millones de dólares, correspondientes a países como Costa Rica, Ecuador, Bolivia y República Dominicana, Guatemala, Jamaica y México; lo que representaba alrededor del 93% del total de deudas canjeadas por naturaleza en los países subdesarrollados. Como puede apreciarse, también en términos cuantitativos el alcance de estas fórmulas ha sido pobre, y en sentido general muchas de las expectativas creadas en relación a las "bondades" de este mecanismo se han disipado con el tiempo. Dadas sus limitaciones cuantitativas y cualitativas, este mecanismo está lejos de ser el instrumento idóneo para vincular la solución del problema de la deuda externa con los esfuerzos para enfrentar los problemas ambientales de los países subdesarrollados

            Una propuesta de financiamiento para proyectos ambientales, que ha ganado fuerza gradualmente a nivel internacional en los últimos años, es la llamada "aplicación conjunta", que supone el logro de arreglos entre varios países para conjuntamente dar cumplimiento a compromisos internacionales de reducción de contaminación, a partir de criterios económicos de "costo-beneficio". Sobre esa base, las medidas de abatimiento o mitigación de la contaminación (ej. medidas para reducir emisiones de CO2 en los marcos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) se tomarían primero en aquellos países donde los costos marginales de mitigación sean menores, es decir, en los países subdesarrollados.

            Si bien en este esquema los inversionistas de países desarrollados cubrirían en lo esencial los costos de la inversión en los países subdesarrollados, este mecanismo entraña, entre otras cosas, el riesgo potencial (sobre todo en ausencia de un monitoreo adecuado del proceso) de que los países industrializados eludan el cumplimiento de sus compromisos  de reducción de la contaminación en sus propios territorios, lo que postergaría la adopción en estos países de transformaciones sustanciales dirigidas a modificar los actuales patrones de producción y consumo insustentables. A mediados de 1996 el número de  proyectos de esta naturaleza aceptados, aprobados o endosados por los respectivos gobiernos ascendía a 29, de los cuales 14 estaban ubicados en Latinoamérica y el Caribe: Costa Rica (8 proyectos), Honduras (2), Belice (1), México (1), Ecuador (1) y Nicaragua (1).

            Con relación a la transferencia de tecnologías ambientales, a comienzos del presente decenio, se estimaba que el mercado de tales tecnologías en América Latina era de unos 6-7 mil millones de dólares, correspondiendo el 70%  de ese mercado a las tecnologías relacionadas con el tratamiento de aguas y 20% a las tecnologías para el control de la contaminación del aire. Se señalaba, asimismo, que las empresas norteamericanas suministrarían casi el 50% de las tecnologías ambientales importadas por la región en esta década.

            Los países latinoamericanos al igual que el resto de los países subdesarrollados se han visto severamente afectados por las barreras comerciales internacionales, sobre todo las impuestas por estados industrializados, que frenan el libre acceso a las llamadas tecnologías ambientalmente idóneas. Debe aclararse que, incluso a nivel internacional, el fomento de  tecnologías limpias, que impliquen cambios sustanciales en los patrones de producción y consumo y reduzcan los niveles de contaminación,  aún no reciben  toda la atención que  requiere un patrón de desarrollo sostenible; más bien lo que ha proliferado es el mercado de tecnologías dirigidas a controlar la contaminación una vez que esta se ha producido (tecnologías al final del tubo).

Consideraciones finales

            Como ha podido observarse, el deterioro ambiental que afecta a la región se explica en gran medida por la combinación de diversos  factores internos y externos, entre los que cabe mencionar el proceso histórico de descapitalización y erosión de los recursos naturales resultante de las relaciones de subordinación y dependencia de estos países con  relación al Norte industrializado;  el alto costo ambiental de los patrones de producción y consumo dilapidador de las élites en los países latinoamericanos; y la acción de sectores mayoritarios de la población que, agobiados por la situación de pobreza, tienden a depredar el medio y a utilizar de forma intensiva los recursos naturales para meramente sobrevivir.

            En los años transcurridos del presente decenio, un ingrediente básico del llamado “nuevo orden mundial” -globalizado o transnacionalizado- ha sido el reforzamiento de las iniquidades económicas internacionales en torno al eje Norte-Sur, y la creciente polarización económica al interior de las sociedades subdesarrolladas; lo que constituye un reto significativo para el progreso en materia de sustentabilidad, tanto a nivel global como regional.

            Los países industrializados, además de capitalizar en su favor los trascendentales cambios ocurridos en la correlación de fuerzas económicas y políticas a nivel internacional, persisten en su propósito de evadir sus responsabilidades ambientales y realizan grandes esfuerzos por desviar la atención internacional hacia aquellos temas ambientales que son de su interés, sin tener en cuenta debidamente los objetivos y prioridades de las naciones más pobres.

            Además, resulta preocupante que muchos  analistas y tomadores de decisiones de la región y del mundo aún consideren la dotación de recursos naturales como un dato estadístico generalmente constante, y que, consecuentemente, las fluctuaciones anuales del patrimonio natural no sean incorporadas en las estadísticas macroeconómicas.

            Incluso, en medio de la aguda competencia por atraer inversiones de capitales extranjeros, muchas veces las naciones receptoras  recurren al peligroso expediente de subvalorar a los recursos naturales por la vía de la no fijación de restricciones para su uso por parte de los inversionistas foráneos, lo que compromete seriamente la capacidad productiva de  economías subdesarrolladas como las latinoamericanas.

            Este enfoque de "economía de frontera", en relación con el uso indiscriminado de los recursos naturales, guarda una estrecha relación con la visión de mercado y la perspectiva neoliberal predominante en diversos círculos internacionales y regionales, en el sentido de considerar a los  recursos del entorno como "bienes libres".

            Ante estas realidades, en el  plano externo se requieren, entre otras cosas, modificaciones sustanciales de las reglas del juego asimétricas que rigen la economía y la política a nivel  internacional, de tal forma que se descarte la posibilidad de que un país -por poderoso que éste sea- o un reducido grupo de potencias mundiales pueda decidir los destinos de la humanidad. El enfoque de la sustentabilidad global, basado en los criterios del “ecodesarrollo”, exige una reestructuración internacional activa, que garantice la necesaria cooperación y participación voluntaria de todos los países, y  promueva un estilo de desarrollo participativo a todas las instancias.

            En este sentido, uno de los logros principales de la  Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, fue el reconocimiento de que la protección ambiental y el desarrollo económico requieren soluciones globales. Por primera vez se logró consenso al más alto nivel gubernamental para adoptar un nuevo enfoque sobre el desarrollo en el cual la erradicación de la pobreza y la protección del medio estén estrechamente vinculadas; no obstante, este fue sólo un primer paso en el largo camino que debe conducir a la sustentabilidad global.

            Dos problemas centrales que requieren soluciones impostergables a nivel internacional, para dar respuestas integrales a los requerimientos de desarrollo socioeconómico y de protección ambiental, son los relacionados con el financiamiento del desarrollo sostenible y la transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas. Ambos temas resultan de particular relevancia para los países latinoamericanos, sobre todo después de una “década perdida para el desarrollo” en los años 80 y en medio del  eclipse de la “década de la esperanza” en los años 90.

            En este contexto, el fortalecimiento de la capacidad  negociadora regional e internacional de las naciones subdesarrolladas, en todos los órdenes, resultaría de gran trascendencia. Se requeriría  reactivar la coordinación efectiva de esfuerzos de los países latinoamericanos, y subdesarrollados en general, para enfrentar desafíos comunes como el endeudamiento externo; los desequilibrios comerciales y la transferencia de tecnologías; el acceso a recursos adicionales para el desarrollo sostenible; y el fomento de la cooperación y complementación económica Sur-Sur, mediante fórmulas diversas de integración y colaboración a los distintos niveles, entre otros retos.

            En materia de financiamiento para el desarrollo sostenible, resulta de vital importancia propiciar un mejor conocimiento, entendimiento e intercambio regional acerca de los nuevos mecanismos internacionales que se están difundiendo ampliamente en la actualidad, como el de la “aplicación conjunta”; a los efectos de valorar  oportuna y adecuadamente las potencialidades, limitaciones y riesgos, relacionados con esas propuestas.

            En el orden económico y comercial los países latinoamericanos deben avanzar en la búsqueda de alternativas a las ventajas comparativas actuales de la región, basadas fundamentalmente en la pobreza (fuerza de trabajo barata) y la sobreexplotación de los recursos naturales (activos naturales subvalorados);  así como en logro de una solución socialmente justa al problema del endeudamiento externo, que frene tanto el actual drenaje de recursos financieros, humanos y naturales, como la creciente erosión  del patrimonio que heredarían las futuras generaciones.

            En el plano interno, resultaría imprescindible un cambio radical en los actuales patrones de distribución del ingreso, como componente básico en  el diseño de un modelo de desarrollo sostenible. Los patrones socioeconómicos insustentables, que ponen  particular énfasis en el crecimiento cuantitativo, deben ser sustituidos por enfoques que integren los objetivos económicos, sociales y ambientales con una perspectiva de largo plazo y  que tomen en consideración los intereses y requerimientos de las amplias mayorías de la población.

            Además, desde un enfoque de sustentabilidad,  debe asegurarse la más amplia participación de la población en los programas de desarrollo; y el Estado debe tener reservado un lugar clave en el diseño, control y conducción de las políticas de desarrollo. Se requiere, asimismo,  una reforma  estructural del Estado para que esté en condiciones de operar sobre bases de flexibilidad y eficiencia, y de representar los intereses y aspiraciones de la mayoría de la población.

            En cuanto a las variables demográficas y al vínculo entre población y medio ambiente, debe tenerse en cuenta que la reducción de la dinámica poblacional sería el resultado lógico de la creación de amplias oportunidades socioeconómicas para toda la población en  las esferas de la educación, la salud y otros servicios sociales; por lo que se requiere analizar dichas variables no como elementos aislados, sino parte de los programas integrales de desarrollo sostenible.

            Como podrá notarse, las propuestas de transformaciones externas e internas, antes mencionadas, dirigidas a sentar las bases para un desarrollo sostenible a nivel global y regional, chocan -en muchos casos frontalmente- con los intereses de las clases o grupos sociales que detentan el poder en la mayoría de los países latinoamericanos. En muchas ocasiones, estos grupos de poder, lejos de defender posiciones nacionales o regionales, privilegian sus nexos con el capital internacional, en detrimento del bienestar de las sociedades de sus respectivos países; lo que tiende a impedir progresos significativos en materia de desarrollo sostenible en el contexto regional.

            Cabe destacar, sin embargo, el papel creciente que están jugando en la región latinoamericana diversas Organizaciones No  Gubernamentales Ambientalistas (ONGA), orientadas en muchos casos a fomentar experiencias comunitarias de desarrollo sostenible y educación ambiental. En México, por ejemplo, se tienen identificadas unas 500 instituciones, organizaciones y grupos de esta naturaleza, ubicadas preferentemente en el Distrito Federal (153 organizaciones), Jalisco (37), Oaxaca (37), Chiapas (24), Veracruz (23),  y el Estado de México (21).

            Aún considerando su enorme dispersión y heterogeneidad, muchos de estos grupos ambientalistas latinoamericanos sintetizan los esfuerzos y prioridades de amplios sectores y grupos de la población (campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, etc.), que por lo general son excluidos del proceso de toma de decisiones en sus respectivos países, y que son portadores de propuestas alternativas en cuanto a desarrollo tecnológico, patrones de producción y consumo, formas y medios de financiamiento, entre otras cuestiones. 

            En  sentido general,  el diseño y la puesta en práctica de un esquema integral de desarrollo sostenible en América Latina enfrenta múltiples obstáculos, muchos de los cuales sólo se irán venciendo en la medida en que se fortalezcan y consoliden las fuerzas socio-políticas realmente interesadas en representar las aspiraciones e intereses de los más amplios sectores de la población.

Autor Ramón Pichs Madruga 1

(1) Investigador del Centro  de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)), La Habana, Cuba. Doctorante de la Fac. de Economía, UNAM. (Universidad Autónoma de México).

 

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